Los casos de sacerdotes involucrados en abusos, violaciones o hechos que atentan contra la moral y buenas costumbres, también se dan en Panamá. La diferencia es que muchos son manejados de forma silenciosa.
El sacerdote que tiene un hijo
En 2002 un sacerdote de Río Hato, provincia de Coclé, fue denunciado ante las autoridades judiciales por el supuesto delito de estupro en perjuicio de una menor de 16 años.
Ese mismo año el Ministerio Público dictó medidas cautelares de casa por cárcel y le formuló cargos de abuso sexual y corrupción de menores al sacerdote católico panameño, Hermógenes Ovalle Soto, de 48 años, quien ejercia sus servicios religiosos en la comunidad de Antón, provincia de Coclé.
Comunicado al País https://t.co/EzNuljVFse
CEP-Panamá (@IglesiaPA) 10 de septiembre de 2018
El padre no pagó pena de cárcel, porque los padres en aquel tiempo, aceptaron que no fue una violación y que el sacerdote se hiciera cargo la menor de edad y el bebé. La criatura en este tiempo debe tener unos 15 años.
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Acosador de estudiantes en Varaguas
En 2009, el sacerdote Roberto González Chávez fue condenado a 20 meses de prisión por acoso a estudiantes del Instituto Jesús Nazareno de Atalaya.
El acoso sexual del sacerdote contra los tres menores se registró en 2003 en el Instituto Agropecuario Jesús Nazareno del distrito de Atalaya, unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Santiago.
¿ Qué dice la iglesia?
La última declaración directa sobre estos casos en Panamá, por parte de la Iglesia Católica, se dio en 2016, cuando de Panamá afirmó que en los últimos diez años ha investigado ocho supuestos casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos.
Conferencia Episcopal Panameña
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña se pronunció el mes pasado por las recientes revelaciones de casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos y consagrados que afectan a las iglesias católicas en varias partes del mundo.
Mediante un comunicado, la CEP se une a la "vergüenza y arrepentimiento, que reconoce el Papa Francisco en su carta hecha pública el 20 de agosto de 2018, en la que señala que urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad para evitar el abuso sexual.